Actúa en casos de falsificación de productos, falsificación, registro y confiscación de documentos o productos, delitos contra la propiedad de las empresas, delitos de evasión fiscal y delitos contra el medio ambiente.
También presta servicios en el sistema financiero nacional, en las relaciones con los consumidores, contra el orden económico, el mercado de capitales, la propiedad industrial e intelectual, en casos relacionados con la administración pública, la quiebra, la organización laboral, contra la salud pública, el lavado de dinero, la evasión de divisas, entre otros, contenidos en la legislación penal y complementaria.